La elusión tributaria se define como la utilización de medios legales con el sólo objetivo de disminuir la cantidad de impuestos a pagar al Fisco.

La evasión, en cambio, se refiere al uso de actos ilícitos, delictivos, para alcanzar ese objetivo.

A modo de Ejemplo: la decisión de un contribuyente de constituirse como empresa para pagar el impuesto corporativo de 25%, en lugar del impuesto personal que tiene una tasa máxima de 40%, podría calificarse como elusión en caso de no haber razones económicas que la justifiquen. En cambio, será derechamente evasión (ilegal) la subdeclaración de ingresos o el uso de facturas falsas para disminuir el pago de obligaciones al Estado.

Código Tributario una Norma General Anti-Elusión, que permita sancionar a aquellos que incurran en esta práctica sólo por razones tributarias, y no por la naturaleza de su actividad económica”. Adicionalmente plantea incorporar sanciones a los asesores tributarios que colaboren en estas actividades. Esta serie de Normas Antielusivas Generales y Especiales, el artículo 4° bis, inciso 4° del Código Tributario señala: “En los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4° ter y 4° quáter, respectivamente”.

Muchas estrategias de planificación tributaria aprovechan la interacción de las reglas de diferentes países para reducir su base imponible en el país con tasa de imposición más alta, o incluso lograr que una renta no se afecte con impuesto en ninguno de los países.

Es legítimo, para un contribuyente, optar por la norma que le es más beneficiosa, ya que no existe el deber ciudadano de pagar el mayor impuesto posible, por lo que el ámbito del ahorro fiscal resulta totalmente loable. Pero, por otra parte, tenemos en la legislación tributaria una serie de actos vinculados con fraude, lo que llamamos la evasión fiscal contenida en el artículo 97 del CT, donde se tipifican una serie de actos delictuales. Es precisamente entre estos dos lados que situamos la elusión fiscal y donde surgen los problemas de la regulación, ya que no están claros los límites que hay entre una y otra.

Según los expertos, al no tratarse de operaciones ilícitas, en la práctica los cambios propuestos dejarán bajo el criterio del SII la definición de si una operación apunta a eludir impuestos o no.

“Las Normas Generales anti -elusión, conocidas como GAR (General Anti Avoidance Rule), en general son bastantes polémicas y discutida su legalidad, ya que es lo que también en doctrina se conoce como “leyes penales en blanco”.

“El tema de fondo, recogido a nivel constitucional, es que hay un principio general del derecho que dice que para que una persona pueda ser sancionada, la ley tiene que definir claramente el hecho punible y todos los elementos que permiten calificar y tipificar una acción. En otras palabras, no puede quedar al arbitrio de una autoridad la definición de qué conductas son las que permiten sustentar que existe tal o cual “hecho punible”.